Las Alianzas Público-Privadas (APP)
Fecha publicación:Históricamente, los proyectos de infraestructura han estado esencialmente bajo el dominio del sector público. Sin embargo, frente a la escasez de recursos públicos y reconociendo la importancia de inversión en infraestructura para el crecimiento de sus economías, los Estados recurren cada vez más al sector privado como fuentes alternativas para suplir sus limitaciones económicas.
Las Alianzas Público-Privadas (APP) en los últimos años se han convertido en una forma sostenible de financiar proyectos en economías desarrolladas y en vía de desarrollo. Aunque existen varios modelos de APP, el más común es cuando el inversionista privado se convierte en un proveedor de servicios a largo plazo, en vez de simplemente ser contratado para una labor específica a través del proceso tradicional de licitación pública. Por lo general, en las APP el inversionista privado obtiene responsabilidad sobre el diseño, construcción, operación, mantenimiento y financiamiento para prestar los servicios requeridos por el Estado por un período determinado. No es solo un tema financiero, sino que también el sector privado puede estar en mejor posición dada su experiencia y “know-how” para desarrollar algunos proyectos.
Las APP pueden ser aplicadas en una variedad de sectores que requieran el desarrollo de alguna obra o servicio público. Las mismas se pueden clasificar entre infraestructura económica e infraestructura social. La primera clasificación incluye los servicios de distribución de agua, energía y electricidad, telecomunicaciones, alcantarillado y saneamiento, carreteras, vías férreas, puertos, aeropuertos, todos los cuales promueven actividades, producción y consumo comercial. La segunda clasificación, por otro lado, incluye la realización de servicios sociales como escuelas, universidades, hospitales, prisiones y viviendas comunitarias.
A pesar de contar con un marco legislativo para las compras y contrataciones públicas, la República Dominicana aún no cuenta con legislación específica para las APP. Varias figuras del ámbito político y empresarial han abogado durante años por la creación de dicha ley para fomentar la inversión privada, y a la vez desarrollar obras y servicios públicos pendientes. En el 2004, se introdujo al Congreso el proyecto de la Ley General de Asociación Pública Privada en Infraestructura para la Provisión de Servicios Públicos, el cual nunca fue aprobado y volvió a someterse en el 2011 con algunas correcciones. De la misma manera, en el 2007, también se sometió al Congreso un proyecto de Ley General de Concesiones de Obras y Servicios Públicos, que contenía una sección explícita sobre las APP, pero tampoco fue aprobado. En los últimos meses, altos funcionarios del gobierno han expresado que han retomado el tema y que están trabajando en el marco legal aplicable. Para esto, se han estado apoyando de países como España y Colombia, tomando como ejemplos sus experiencias con esta figura, así como con la legislación correspondiente.
