Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
La Ley núm. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo establece el marco jurídico integral que rige en la República Dominicana la prevención, detección, investigación, persecución y sanción de las actividades vinculadas al lavado de activos, los delitos precedentes y el financiamiento del terrorismo. Esta normativa sustituye y deroga la Ley núm. 72-02, ampliando su alcance y adecuándola a los estándares internacionales más recientes en la materia.
La ley surge en cumplimiento de los compromisos asumidos por el Estado dominicano en el marco de diversas convenciones internacionales y de las Recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), con el objetivo de proteger la integridad del sistema económico y financiero nacional, preservar la estabilidad institucional y reforzar la confianza en el país como destino de inversión y negocios.
Entre sus principales aportes, la Ley 155-17 tipifica de manera autónoma los delitos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo, define un amplio catálogo de delitos precedentes, establece severas sanciones penales y administrativas, y regula la responsabilidad penal de las personas físicas y jurídicas. Asimismo, introduce disposiciones específicas sobre decomiso, incautación, inmovilización y recuperación de activos de origen ilícito.
En el ámbito preventivo, la normativa crea un régimen robusto de prevención y detección basado en riesgos, imponiendo obligaciones claras a los sujetos obligados, tales como la aplicación de medidas de debida diligencia, identificación del beneficiario final, conservación de registros y reporte de operaciones sospechosas ante la Unidad de Análisis Financiero (UAF). También fortalece los mecanismos de supervisión y fiscalización por parte de las autoridades competentes.
Adicionalmente, la Ley 155-17 refuerza la cooperación judicial y administrativa a nivel nacional e internacional, incorpora técnicas especiales de investigación y promueve la transparencia corporativa y tributaria, contribuyendo así a la lucha contra la criminalidad organizada transnacional y al cumplimiento de los estándares globales en materia de prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo.