Resumen ejecutivo Ley 225-20 sobre Gestión Integral y Coprocesamiento de Residuos Sólidos
La Ley 225-20 representa un hito en el marco regulatorio ambiental de la República Dominicana. Por primera vez, el país cuenta con una legislación integral que aborda de forma estructurada la prevención, manejo, valorización y disposición final de los residuos sólidos, alineando estas prácticas con los compromisos internacionales y los estándares de la economía circular.
La norma establece un enfoque moderno de gestión integral, que incluye desde la reducción y separación en la fuente hasta el reciclaje, el aprovechamiento y la correcta disposición de los residuos no valorizables. Asimismo, introduce principios rectores como la responsabilidad compartida, la responsabilidad extendida del productor, la trazabilidad, la participación ciudadana, la transparencia, y la sostenibilidad financiera del sistema.
A nivel institucional, la ley fortalece el rol del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales como órgano rector, define nuevas obligaciones para ayuntamientos y distritos municipales, e incorpora mecanismos de coordinación interinstitucional a través del Sistema Nacional para la Gestión Integral de Residuos (SINGIR).
En cuanto a los actores económicos, la ley detalla obligaciones para generadores de residuos —incluyendo separación en la fuente, entrega a gestores autorizados, pago de tasas y, en ciertos casos, registro y planes de manejo—, así como para los prestadores de servicios de recolección, transporte, tratamiento y disposición final.
La Ley 225-20 también introduce un esquema robusto de instrumentos económicos y financieros para garantizar la sostenibilidad del sistema. Entre ellos destacan:
- la Contribución Especial Anual, aplicable a todas las personas jurídicas en función de sus ingresos;
- la creación de un Fideicomiso Público-Privado para la Gestión Integral de Residuos, encargado de administrar fondos y financiar infraestructura crítica;
- un régimen de incentivos fiscales para plantas de valorización y tecnologías limpias;
- y la incorporación del Bono Verde como mecanismo innovador para financiar proyectos sostenibles.
Asimismo, la ley define un sistema tarifario obligatorio basado en estudios técnicos, promueve la regionalización de servicios mediante rellenos sanitarios mancomunados, y establece un régimen específico para la gestión de residuos peligrosos, incluyendo su tratamiento y disposición en instalaciones especializadas.
Finalmente, la normativa contempla un régimen de infracciones y sanciones —menos graves, graves y muy graves— para asegurar el cumplimiento de las disposiciones, proteger la salud pública y garantizar la correcta operación del sistema.
Este documento ofrece una visión clara y estructurada de cada uno de estos componentes, facilitando la comprensión de las obligaciones, oportunidades y retos que introduce la Ley 225-20 para el sector público, privado y la ciudadanía.