Resumen ejecutivo Ley 47-25 sobre Contrataciones Públicas
En julio de 2025, la República Dominicana dio un paso decisivo hacia la transparencia y la eficiencia del gasto público con la promulgación de la Ley 47-25 sobre Compras y Contrataciones Públicas. Esta nueva normativa sustituye la antigua Ley 340-06, introduciendo un modelo más moderno, inclusivo y alineado con las mejores prácticas internacionales en materia de contratación estatal.
La Ley 47-25 redefine el sistema de compras públicas dominicano, fortaleciendo la seguridad jurídica, fomentando la participación de las MIPYMES y garantizando la igualdad de oportunidades para todos los proveedores del Estado.
¿Por qué era necesaria una nueva Ley de Contrataciones Públicas?
Durante casi dos décadas, la gestión de las compras estatales se rigió por un marco que, aunque funcional, resultaba insuficiente frente a los retos actuales de digitalización, transparencia y control social.
La Ley 47-25 surge como respuesta a esta necesidad de actualización y busca:
- Modernizar los procesos de contratación con base en principios de eficiencia y sostenibilidad.
- Promover la inclusión y competencia de las MIPYMES, cooperativas y emprendimientos locales.
- Fortalecer la fiscalización y la rendición de cuentas en el uso de los fondos públicos.
- Simplificar los procedimientos mediante herramientas digitales y registros únicos.
Principales aportes de la Ley 47-25
1. Enfoque en transparencia y eficiencia
La ley establece reglas más estrictas para la planificación, publicación, adjudicación y ejecución de los contratos públicos, asegurando que cada peso invertido por el Estado esté debidamente justificado.
2. Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP)
Se consolida la DGCP como órgano rector del sistema, con funciones normativas, fiscalizadoras y sancionadoras.
Entre sus atribuciones están:
- Emitir reglamentos técnicos y lineamientos obligatorios.
- Supervisar los procesos de contratación en todas las entidades.
- Imponer sanciones por incumplimientos y actos ilícitos.
3. Principios rectores
El nuevo régimen se sustenta en principios como legalidad, transparencia, libre competencia, igualdad, sostenibilidad, eficiencia y responsabilidad. Estos orientan todas las etapas del proceso de contratación.
4. Procedimientos y modalidades
La Ley 47-25 amplía y actualiza las modalidades de contratación, incorporando herramientas digitales y mecanismos de participación abierta. Se fortalecen los portales electrónicos, las subastas y los catálogos de bienes y servicios.
5. Participación de MIPYMES y emprendimientos locales
La ley introduce incentivos para aumentar la participación de las MIPYMES, especialmente aquellas lideradas por mujeres o ubicadas en regiones fuera del Gran Santo Domingo, promoviendo un desarrollo más equilibrado.
6. Fiscalización y régimen sancionador
Se refuerza la obligación de auditorías periódicas, controles preventivos y responsabilidades administrativas. Los funcionarios que violen los principios de la ley pueden enfrentar sanciones, multas y hasta inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Impacto y modernización de la Ley 47-25
Con la entrada en vigor de la Ley 47-25, la República Dominicana consolida un modelo de gestión pública más ágil, competitivo y transparente.
Entre los principales impactos esperados destacan:
- Reducción de la discrecionalidad en la adjudicación de contratos.
- Mayor confianza del sector privado en los procesos estatales.
- Aumento de la participación de proveedores locales y mayor dinamismo económico.
- Fortalecimiento institucional y alineación con estándares internacionales de gobernanza.
Conclusión
La Ley 47-25 sobre Compras y Contrataciones Públicas representa una transformación estructural en la gestión del gasto público dominicano. Su enfoque en la transparencia, la digitalización y la inclusión empresarial convierte a esta norma en un pilar esencial para el fortalecimiento del Estado y la competitividad del país.