Mapeando el sector energético: ¿dónde pueden invertir las operadoras globales?
El sector energético de la República Dominicana vive una etapa de transformación acelerada impulsada por la diversificación de su matriz, la transición hacia fuentes más limpias y la expansión de la cobertura eléctrica. Este proceso ha convertido al país en un entorno sumamente atractivo para la inversión internacional, con políticas públicas que fomentan la sostenibilidad y la innovación tecnológica.
La meta nacional es ambiciosa: alcanzar una participación del 25% de energías renovables en la matriz eléctrica para 2025, y un 30% para 2030, apostando decididamente por la energía solar y eólica.
Para las empresas operadoras globales, el desafío ya no consiste en determinar si existen oportunidades, sino en identificar dónde se encuentran y bajo qué marco legal pueden concretarse de manera segura, rentable y sostenible.
Una matriz en transición
Durante décadas, la generación eléctrica dominicana dependió en gran medida de combustibles fósiles importados. Este esquema resultaba costoso e inestable frente a las fluctuaciones internacionales. Sin embargo, en las últimas décadas, el país ha dado pasos importantes y significativos hacia la diversificación.
Hoy, el gas natural y las energías renovables (solar, eólica e hidráulica) han ganado protagonismo, con un crecimiento constante en la capacidad instalada.
La estrategia nacional busca no solo reducir la dependencia del petróleo, sino también garantizar precios más competitivos y avanzar en el cumplimiento de compromisos ambientales. En este escenario, la demanda de infraestructura de transmisión, almacenamiento y distribución se ha convertido en un espacio abierto para la inversión privada.
Marco jurídico y garantías para el capital extranjero
La legislación dominicana reconoce a la inversión como motor del desarrollo energético. La Ley No. 125-01 General de Electricidad establece los lineamientos para la generación, transmisión y distribución, abriendo espacio a la participación privada en proyectos estratégicos.
A esto se suma la Ley No. 57-07 de Incentivo a las Energías Renovables y Regímenes Especiales, que otorga beneficios fiscales (como exenciones del Impuesto sobre la Renta y de aranceles de importación) a proyectos de generación limpia. Además, la Ley No. 16-95 sobre Inversión Extranjera garantiza igualdad de trato a capital nacional y extranjero, asegurando que los inversionistas globales puedan operar en condiciones de seguridad jurídica.
Este marco regulatorio, reforzado por mecanismos como los contratos de compra de energía (PPA), ha generado confianza y explica la llegada de fondos internacionales que han financiado parques solares y eólicos en distintas provincias del país.
Un sector energético en expansión sostenible
El futuro energético dominicano dependerá de la capacidad de atraer y fortalecer inversión en áreas clave. El país no solo busca cerrar su brecha de oferta eléctrica, sino también dar el salto hacia un sistema más competitivo, moderno y respetuoso con el medio ambiente.
Para las operadoras globales, este es un momento oportuno: la demanda interna crece, el marco legal es favorable y la experiencia acumulada en proyectos recientes demuestra que invertir en República Dominicana puede ser sinónimo de rentabilidad y seguridad.
Financiamiento y alianzas
Un aspecto que merece atención es el acceso a financiamiento internacional. Organismos multilaterales como el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y la Corporación Financiera Internacional (IFC) han respaldado proyectos energéticos en el país, lo que demuestra la confianza de la comunidad internacional en el marco regulatorio dominicano.
Estas instituciones no solo aportan capital, sino que facilitan la entrada de operadoras globales a través de esquemas de coinversión y garantías. De este modo, se reducen los riesgos asociados y se abre la puerta a alianzas estratégicas entre capital extranjero, banca local y el Estado.
Sostenibilidad y comunidades
La inversión en infraestructura energética también está vinculada a la sostenibilidad social. Cada nuevo parque eólico o solar implica la creación de empleos locales, programas de capacitación y un impacto positivo en las comunidades cercanas.
Las operadoras globales interesadas en el país encuentran un entorno donde la responsabilidad social corporativa se integra de manera natural al negocio, generando valor compartido. En este sentido, República Dominicana no solo ofrece un mercado en crecimiento, sino también, un espacio donde la inversión energética contribuye al bienestar colectivo, pero igualmente a la transición hacia un futuro más sostenible.
El papel de la asesoría legal
Si bien las oportunidades son amplias, ingresar al mercado energético dominicano exige claridad en cuanto a los marcos contractuales, regulatorios y fiscales. En este punto, firmas con experiencia internacional como Pellerano & Herrera desempeñan un rol decisivo.
La firma ha acompañado proyectos en sectores estratégicos como turismo, telecomunicaciones y, en particular, energía, brindando soporte legal en financiamientos, alianzas público-privadas y operaciones transfronterizas. Para una operadora global, contar con una asesoría jurídica local confiable significa reducir riesgos y asegurar que cada etapa (desde la licitación hasta la puesta en marcha) se ejecute con apego a la normativa y con visión de largo plazo.