Una sentencia que perpetúa la incertidumbre jurídica: El interminable debate sobre competencias judiciales en Propiedad Industrial
En octubre de 2024, se emitió la sentencia SCJ-TS-24-1455, una decisión que ha generado debate en el ámbito jurídico, especialmente entre los especialistas en propiedad intelectual. Dictada por la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia, esta resolución aborda la competencia del Tribunal Superior Administrativo (TSA) para conocer apelaciones contra decisiones emitidas por la Oficina Nacional de la Propiedad Industrial (ONAPI).
El fallo en cuestión plantea importantes interrogantes debido a su aparente falta de coherencia con otros precedentes relevantes, tanto de la Primera Sala de la misma Suprema Corte como de otras instancias judiciales. Este panorama evidencia una creciente incertidumbre jurídica en un aspecto que, idealmente, debería estar plenamente definido: el foro competente para dirimir conflictos entre ONAPI y los titulares de derechos.
La legislación vigente, como la Ley 13-07 que regula el TSA y la Ley 107-13 de Procedimiento Administrativo, establece claramente que los actos administrativos emitidos por organismos públicos, como ONAPI, son competencia del TSA. Este tribunal, en su función de controlar la legalidad de dichos actos, debería ser la instancia natural para conocer las apelaciones relacionadas con decisiones administrativas emanadas de ONAPI. Sin embargo, la Corte de Apelación deberá desempeñar el rol de administradora de justicia en los casos en que el conflicto surja entre particulares.
El problema principal radica en la emisión de sentencias contradictorias por parte de la Suprema Corte de Justicia. Este tipo de decisiones no solo genera confusión, sino que también afecta la predictibilidad y la eficacia en la resolución de disputas en materia de Propiedad Industrial. Los titulares de derechos se enfrentan así a una situación incierta al tratar de recurrir decisiones que impactan directamente en la protección de sus marcas, patentes y otros derechos relacionados con la materia.
Esta reciente sentencia, además de ignorar principios constitucionales esenciales, pasa por alto la naturaleza misma del acto administrativo controvertido. En este caso en concreto, ONAPI dictó un acto que pone fin a un proceso administrativo específico, lo que refuerza la necesidad de que estas disputas sean tratadas en el TSA, como lo exige el marco normativo.
La situación actual y la ambivalencia del tema subraya la importancia de que el Tribunal Constitucional intervenga para proporcionar claridad y uniformidad en este asunto. Es imperativo que se defina de manera inequívoca la jurisdicción aplicable, no solo para resolver un caso específico, sino también para garantizar un entorno jurídico estable y predecible en el ámbito de la Propiedad Industrial.