Código Procesal Penal: Ley 97-25
La Ley núm. 97-25 instituye el nuevo Código Procesal Penal de la República Dominicana, marcando un hito en la modernización del sistema de justicia penal del país. Esta reforma responde a la necesidad de fortalecer la eficacia, transparencia y coherencia del proceso penal, atendiendo a los cambios sociales, tecnológicos y jurídicos que han transformado la naturaleza de la criminalidad y las expectativas ciudadanas respecto a la justicia. El nuevo Código surge como una herramienta esencial para consolidar un sistema más ágil, confiable y respetuoso de los derechos fundamentales, alineado con los principios constitucionales y los compromisos internacionales asumidos por la República Dominicana.
Entre sus principales aportes, la Ley 97-25 reafirma la primacía de la Constitución y de los tratados internacionales sobre derechos humanos, al disponer su aplicación directa en todos los procesos penales. Esta base refuerza garantías esenciales como el debido proceso, la presunción de inocencia, el derecho a un juicio previo con todas las garantías, la tutela judicial efectiva, la imparcialidad de los jueces y la igualdad entre las partes. Con ello, se busca asegurar que cada actuación del sistema penal se realice bajo criterios de legalidad, racionalidad y respeto a la dignidad humana.
El nuevo Código también redefine y fortalece el rol del Ministerio Público y de los órganos judiciales dentro de la estructura procesal. Se delimitan con mayor claridad las funciones de investigación, persecución penal y decisión jurisdiccional, lo que contribuye a una separación funcional más transparente y eficiente. Además, se incorporan criterios más estrictos y razonados para la aplicación de medidas de coerción, especialmente la prisión preventiva, que ahora se rige bajo parámetros de excepcionalidad, proporcionalidad y límites temporales claramente establecidos.
Otro de los ejes relevantes de esta reforma es la actualización de las herramientas procesales orientadas a gestionar los conflictos penales de manera más eficiente. El Código amplía el catálogo de mecanismos alternos, como la conciliación, la mediación, los criterios de oportunidad y la suspensión condicional del procedimiento. Estas figuras permiten soluciones ágiles en casos donde el interés público no se ve gravemente comprometido, al tiempo que promueven la reparación del daño, la descongestión del sistema judicial y respuestas más adecuadas a la naturaleza del conflicto.
De igual manera, la Ley 97-25 incorpora avances significativos en materia de derechos de las víctimas, asegurando su participación efectiva durante el proceso penal, su derecho a ser informadas, a contar con representación técnica y a obtener medidas de protección y reparación cuando correspondan. Este enfoque contribuye a un sistema más humano, accesible y orientado a la justicia restaurativa.
El nuevo Código también actualiza regímenes esenciales como la competencia de los tribunales, la regulación de la acción penal pública y privada, las reglas de prueba, la ejecución penal y los procedimientos aplicables a delitos complejos, crimen organizado y otras categorías especiales. Estas mejoras permiten un sistema más coherente, integral y acorde con las reformas recientes al Código Penal, garantizando que el proceso penal funcione como un instrumento eficaz para enfrentar los desafíos actuales en materia de seguridad y justicia.
La promulgación de la Ley 97-25 constituye, en suma, un paso decisivo hacia la consolidación de un sistema de justicia penal moderno, equilibrado y orientado al fortalecimiento del Estado social y democrático de derecho. Invitamos a descargar el documento completo para conocer en detalle el alcance de esta importante reforma.