Tierras raras en RD: el mineral estratégico que podría reconfigurar el mapa de inversión minera en el Caribe
La transición energética y la digitalización han vuelto estratégicas a las tierras raras (REE, por sus siglas en inglés), insumo clave para imanes permanentes, turbinas eólicas, vehículos eléctricos, electrónica avanzada y defensa.
A raíz de esto, la República Dominicana ha entrado en el radar por tres vectores concurrentes: potencial geológico en el suroeste del país, un andamiaje jurídico que permite reservas fiscales y contratos especiales, y señales políticas pro-inversión, entre ellas la creación de una estatal minera.
Con esos mimbres, el país configura una narrativa distinta a la de los metales tradicionales: puede pasar de exportar conocimiento geológico a estructurar proyectos bancables.
La base técnica existe. Estudios revisados por pares reportan contenidos significativos de REE en bauxitas kársticas de la Sierra de Bahoruco, con concentraciones totales entre 0.07 % y 1.40 % en peso, e itrio entre 0.01 % y 1.48 %, según depósito y mineralogía.
No equivalen a reservas, pero sí justifican campañas de exploración y pruebas metalúrgicas orientadas a recuperar neodimio, praseodimio, lantano y otros elementos críticos para la transición energética.
La nueva geopolítica de los minerales críticos
Las instituciones se movieron al ritmo de la geología. Mediante el Decreto 430-18, el Poder Ejecutivo declaró la reserva fiscal minera Ávila en Pedernales para la exploración y evaluación de tierras raras por gestión estatal directa o a través de contratos especiales, con sustento en el artículo 17 de la Ley Minera.
En 2024 se creó la Empresa Minera Dominicana (Emidom), con mandato para estudios de factibilidad, alianzas y conducción de proyectos de minerales estratégicos.
El discurso público fijó un horizonte de validación. En febrero de 2025 se informó una estimación preliminar de “alrededor de 100 millones de toneladas” asociadas a tierras raras, sujeta a confirmación técnica.
El Ministerio de Energía y Minas (MEM) ha señalado que la determinación formal de recursos y reservas requerirá campañas adicionales y modelación geológica, con la meta de contar con resultados hacia 2026; en esa fase, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de EE. UU. (ERDC) brindó asistencia científica.
Marco legal y permisos
La Ley 146-71 (Ley minera) reconoce el dominio estatal de las sustancias minerales: el derecho a explorar o explotar se adquiere mediante concesiones o contratos con el Estado; la norma define etapas, plazos, inhabilidades y sanciones, y faculta al Ejecutivo para reservar áreas por interés público.
El régimen se complementa con la Ley 64-00 de Medio Ambiente, que exige autorización previa, evaluación de impacto y mecanismos de participación (información, vistas y audiencias) en proyectos de alto impacto. RD además implementa la Iniciativa de Transparencia en la Industria Extractiva (EITI)lo que fortalece transparencia y previsibilidad.
Hacia un concepto de “minerales estratégicos”
En 2022 se discutió una propuesta normativa que introduce la categoría de minerales estratégicos declarados por decreto (con las tierras raras como ejemplo) y reorganiza licencias, concesiones y contratos especiales bajo mayores facultades regulatorias del MEM.
Aunque su adopción plena está pendiente, la señal apunta a priorizar sustancias críticas con esquemas contractuales flexibles y supervisión reforzada.
Ventana geopolítica y de mercado. La búsqueda global de proveedores alternativos a Asia (por resiliencia de cadenas, trazabilidad y seguridad nacional) abre una oportunidad a RD.
La creación de Emidom y la colaboración con instituciones técnicas de EE. UU. son indicios de un alineamiento estratégico que puede facilitar acuerdos de offtake y financiamiento si los estudios confirman la viabilidad del subsuelo.
Competencia y complementariedad regional
Jamaica ha intensificado su apuesta por la recuperación de REE desde residuos de bauxita (“red mud”), con llamados a identificar socios tecnológicos y capital durante 2025.
La consolidación de proyectos en la cuenca permitiría especialización (extracción primaria en República Dominicana y recuperación en residuos en Jamaica) y logística integrada, reduciendo riesgos de suministro y costos unitarios.
Riesgos y habilitadores claves. Primero, metalurgia: pasar de leyes promisorias a recuperación económicamente viable exige pruebas piloto, selección de reactivos y plantas de separación, con manejo seguro de residuos (incluida la fracción radiactiva natural de ciertos minerales portadores).
Segundo, licencia social: la experiencia reciente en proyectos metalíferos recuerda que la anticipación de impactos, la compensación adecuada y el diálogo permanente son determinantes para la viabilidad.
Implicaciones para el inversionista
En el corto plazo (12-24 meses), el catalizador es la validación que el MEM ha calendarizado. Si se confirman recursos y procesos de beneficio, el país podría activar contratos especiales en la reserva Ávila y zonas adyacentes, con Emidom como articulador.
El marco 146-71 brinda certidumbre (concesiones y contratos); la 64-00 ordena la tramitación ambiental con participación y monitoreo; y la EITI agrega transparencia.
En paralelo, un diseño de incentivos al encadenamiento local (ingeniería, laboratorios, logística, mantenimiento) multiplicaría el impacto de cada dólar invertido.